Vivienda reparte 180 millones de euros entre las cinco comunidades con zonas tensionadas: dos tercios, para Cataluña

Qué pasó, con las palabras del documento

La Ley de Vivienda de 2023 permite declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando pagar la hipoteca o el alquiler cuesta más del 30 % de la renta media o los precios suben al menos tres puntos más que el IPC en cinco años. La declaran las comunidades autónomas, y según el preámbulo solo algunas lo han hecho. El Real Decreto 851/2026 da dinero a las cinco que tienen zonas declaradas.

El artículo 5 reparte los 180.000.000 euros así: Cataluña, 119.471.633 euros para 271 municipios (el 66,4 %); País Vasco, 31.010.079 para 18 municipios (de Galdakao, solo un distrito); Navarra, 13.376.491 para 21 municipios; Galicia, 10.224.607 para A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias, 5.917.190 para barrios y núcleos de Gijón, Avilés, Llanes, Cabrales y Gozón. Según el preámbulo, el reparto pondera la población que vive en zonas tensionadas y el porcentaje de hogares en alquiler que dedican más del 40 % de sus ingresos a pagarlo.

El dinero se paga por anticipado y de una vez (artículo 7), y sirve para construir, rehabilitar o comprar viviendas, comprar o urbanizar suelo, o avalar alquileres de jóvenes y colectivos vulnerables (artículo 1). Lo que se construya o compre tiene que quedar en alquiler social o asequible para siempre, sin poder descalificarse. Son importes máximos: cuántas viviendas salen lo dirán las resoluciones de concesión. El Consejo de Ministros acordó tramitar el decreto por la vía urgente el 12 de mayo de 2026.