Justicia, 2014–2025 · Consejo General del Poder Judicial

Cuánto tarda un procedimiento

La duración media, en meses, de los asuntos que terminaron cada año en cada tipo de juzgado de primera instancia, se terminaran como se terminaran (con sentencia, con acuerdo, archivados…). No la mide nadie asunto por asunto: el CGPJ la estima con un modelo matemático a partir de los asuntos que entran, los que se resuelven y los que quedan pendientes. El último año publicado es 2023.

Lo que entra y lo que se queda pendiente

Cada año, los asuntos que entran en todos los juzgados y tribunales, los que se resuelven y los que quedan en trámite al acabar el año. Cuando entran más de los que se resuelven, la cola crece. Cada año sale de su propia edición de «La Justicia dato a dato», tal como se publicó; las ediciones posteriores revisan alguna cifra.

La caída de 2015 a 2016 no es que hubiera menos delitos: los asuntos penales que entran pasan de 5.805.619 a 3.365.927 porque desde el 6 de diciembre de 2015 la ley dice que, «cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo» (Ley 41/2015, artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En la edición de 2016, el total de asuntos en trámite es 2.234.557, pero sus jurisdicciones suman 2.234.476; se publica el total tal como lo imprime el CGPJ. En la edición de 2019, el total de asuntos resueltos es 6.097.137, pero sus jurisdicciones suman 6.079.137; se publica el total tal como lo imprime el CGPJ.

Los procesos por corrupción

El CGPJ cuenta los procedimientos por delitos relacionados con la corrupción que llegan a juicio, con las personas acusadas y las sentencias que se dictan. Cuenta estos delitos: Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (arts. 439, 441, 442, 443 y 445 del Código Penal); Malversación (arts. 432, 433, 434 y 435); Cohecho (arts. 419, 420, 421 y 422); Prevaricación de funcionarios públicos (arts. 404, 405 y 408); Ordenación del territorio y urbanismo (art. 320); Patrimonio histórico (art. 322); Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (arts. 413 a 418); Tráfico de influencias (arts. 428, 429 y 430); Fraudes y exacciones ilegales (arts. 436, 437, 438 y 438 bis); Corrupción en los negocios (art. 286 ter).

Las personas acusadas son las de las causas que pasaron a juicio ese año en los juzgados de instrucción, los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo (estos dos últimos, los de los aforados). Las sentencias son las que dictaron ese año los juzgados de lo Penal, las Audiencias, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Supremo; no todas son firmes, y una sentencia puede juzgar a varias personas. De 2017 a 2025: 1.878 personas acusadas (y 356 empresas u otras personas jurídicas, que se cuentan desde 2018), 413 procedimientos abiertos a juicio oral, 465 sentencias condenatorias (188 con el acuerdo del acusado) y 201 absolutorias.